Nota de premsa

La Ley de Medidas de 2020 impulsa la vivienda social y recoge las modificaciones necesarias para hacer realidad la nueva estructura del Consell

07/10/2019
La Ley de Medidas de 2020 impulsa la vivienda social y recoge las modificaciones necesarias para hacer realidad la nueva estructura del Consell

- Se simplifican los requisitos para acceder a las ayudas al pago de alquiler a personas en situación de vulnerabilidad económica
- Permite el acceso a medios de transporte públicos con hoverboards bicicletas y patinetes plegados y siempre en el piso de abajo



El Consell ha aprobado el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales para el próximo ejercicio 2020.

El texto, que llega al Consell tras haber pasado la fase de información pública y que ahora se remitirá al Consell Jurídic Consultiu (CJC) y al Comité Econòmic i Social (CES) para la emisión de los informes preceptivos, recoge las modificaciones legislativas necesarias para hacer realidad la nueva estructura organizativa de la Generalitat, así como un amplio abanico de medidas fiscales, sociales o de impulso económico que guiarán la actuación del Consell a lo largo de la legislatura, entre las que destacan varias medidas para el impulso de la vivienda social.

En total, el texto modifica de forma parcial 32 leyes, un decreto ley y un decreto. De estas modificaciones, 6 se deben a razones organizativas. Del resto, muchas tienen por objeto adaptarse a la legislación estatal o europea.

Pese al contexto de infrafinanciación en el que nos encontramos y a las limitaciones presupuestarias que este hecho conlleva, desde el Consell se ha considerado una prioridad el impulso de la vivienda social. Esto ya se vio reflejado con la creación de una Conselleria de Vivienda y Arquitectura Climática la presente legislatura.

Menos requisitos para acceder al alquiler social

Así, se simplifican los requisitos para acceder a las ayudas al pago de alquiler a personas en situación de vulnerabilidad económica y cuando existan razones sociales, humanitarias y de carácter público. Estas circunstancias excepcionales habrán de acreditarse con el informe favorable de los servicios sociales.

El objetivo de esta medida es luchar contra la exclusión social, ya que hasta ahora, las personas que se encontraban en una situación económica complicada, tenían muy difícil acceder a estas ayudas al tener que estar al corriente en sus obligaciones fiscales y tributarias.

También se incluyen medidas para incrementar el parque público de viviendas facilitando a los titulares de los contratos de compraventa de vivienda de promoción pública, la posibilidad de resolver la relación jurídica con la Administración, sí así lo desean, y siempre teniendo en cuenta el precio máximo de venta legalmente establecido para los inmuebles.

Asimismo, se amplía el plazo de cesión de viviendas a la Generalitat para destinarlas a alquiler social a 8 años con el objetivo de favorecer el incremento de este tipo de inmuebles. Estas viviendas, que serán cedidas en usufructo a la Generalitat, serán rehabilitadas por la Entidad Valenciana d'Habitatge i Sol.

Acceder al transporte urbano con patinetes

La Ley de Medidas también permite de forma novedosa el acceso a medios de transporte públicos con bicicletas y Vehículos de Movilidad Personal (VMP) tales como patinetes eléctricos, monopatines, hoverboards, monociclos, hoverwheels, etc.

Se podrá acceder con el dispositivo plegado y siempre al piso de abajo, sin más limitaciones que las derivadas de la seguridad o de los momentos de muy alta ocupación. En todo momento se deberán seguir las indicaciones concretas del operador para perturbar lo mínimo al resto de viajeros.

Un VMP multiplica por varias veces el radio de acción de la marcha a pie y en bicicleta en las ciudades. No contamina, salva cuestas, apenas ocupa espacio plegado y garantiza llegar al destino sin sudar en época estival. Aunque se están usando sin combinarse apenas con otros modos de transporte, cada vez serán más frecuentes en los viajes con transbordo. Llegar en coche a un aparcamiento en la periferia de la ciudad y sacar del maletero el VMP para abordar la última milla del viaje con rapidez, o subir en los transportes púbicos con el patinete plegado serán escenas cotidianas de la ciudad sostenible de los próximos años.

El sector del transporte es uno de los que resulta clave en la emisión de gases de efecto invernadero, ya que es responsable de casi el 40% de las emisiones y alrededor del 35% del consumo de petróleo.

Con la medida se pretende luchar contra el cambio climático y favorecer el uso del transporte respetuoso con el medio ambiente.

Taxi: precio pactado mediante el móvil

Otra de las novedades presentes en el borrador de la Ley de Medidas es que modifica la Ley 13/2017 del Taxi y abre la posibilidad de prestar el servicio mediante precio pactado previamente entre las personas usuarias y la persona que conduce el taxi, atendiendo a las tarifas pactadas reglamentariamente. Esta posibilidad se aplicará mediante el uso del teléfono móvil.

La medida parte de la Conselleria de Política Territorial y Movilidad que, atendiendo a las peticiones formuladas por los profesionales, pretende hacer más competitivo al sector del taxi.

Asimismo, se autoriza el cambio de tarifa urbana a interurbana, algo que se hace necesario en aquellos trayectos en los que no se conoce con exactitud el destino final. La medida permite más flexibilidad en la prestación del servicio y beneficia tanto a profesionales como a usuarios.

Se crea el Observatorio Fiscal

La Ley de Medidas también prevé la creación del Observatorio Fiscal de la Comunitat Valenciana que permitirá que cualquier ciudadano, asociación o ente participe desde el mismo en la planificación, estudio y análisis del sistema tributario valenciano, con el objetivo de reducir las cargas fiscales, fomentar el uso de la administración electrónica e impulsar la lucha contra el fraude fiscal.

Con la creación de este organismo, el Consell cumple con uno de los objetivos que se marcó en el Seminari d'Estiu de Montanejos, celebrado el pasado mes de julio.

La creación de este observatorio es una iniciativa pionera, que se pone en marcha por primera vez en una comunidad autónoma. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) cuenta también con un observatorio, pero la participación en este es más limitada, ya que únicamente pueden formar parte de él colaboradores tributarios.

Por su parte, el Observatorio de la Agència Tributària Valenciana (ATV), está abierto a toda la sociedad civil y pueden formar parte de él tanto entidades, como universidades, notarios, asociaciones de consumidores o particulares.

El Observatorio también tiene entre sus finalidades facilitar políticas tributarias que prioricen un desarrollo humano sostenible, promover la educación ciudadana en materia tributaria y aumentar la seguridad jurídica de las relaciones de contribuyentes y profesionales con la ATV. Asimismo, monitorizará y evaluará la gestión y la transparencia y emitirá recomendaciones públicas.

Más control en fundaciones

El anteproyecto de la Ley de Medidas también incluye como novedad la obligación de que las fundaciones cuenten con un auditor interno, tal y como ocurre con el resto del sector público de la Generalitat. Hasta ahora, solo era obligatoria la presencia del auditor en las entidades del sector público empresarial, pero no en el fundacional.

Asimismo, se amplían los criterios que establecen la obligatoriedad de contar con la figura de auditor ya que se tendrán en cuenta, además del número de empleados, otras circunstancias como la cifra de negocio, el volumen del activo o el riesgo por la actividad de la entidad.

Con esta disposición se busca aumentar el control al tiempo que se da un tratamiento más homogéneo a todo el sector público empresarial y fundacional.

Se agilizan las cesiones patrimoniales a entidades sin ánimo de lucro

En otro sentido, el anteproyecto de Ley de Medidas también contempla una modificación de la Ley de Patrimonio 14/2003 de la Generalitat, con el objetivo de permitir cesiones de uso más ágiles a entidades sin ánimo de lucro.

Para ello, se recoge la llamada "autorización especial de uso" recogida en la legislación estatal, concretamente en el artículo 90 de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Publicas, que no tiene carácter básico.

Asimismo, con el objetivo de adaptarse a la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público se establece un sistema de supervisión continua de las entidades del sector público instrumental por parte de Intervención de la Generalitat.

El plazo del PIP se amplía hasta 2021

Otra de las iniciativas incluidas en la Ley de Medidas es que amplía hasta el 31 de diciembre de 2021, el plazo de ejecución del Plan de Inversiones Productivas (PIP).

Las dificultades a la hora de finalizar los proyectos incluidos por el anterior Consell, con múltiples deficiencias e irregularidades en los expedientes, cuando no inmersos en litigios o conflictos administrativos, y que han tenido que rehacerse para darles viabilidad, hace que, en estos momentos, haya proyectos que necesitan de más tiempo para su ejecución.

Además, el actual Consell dio a los alcaldes la posibilidad de modificar o sustituir sus proyectos para elegir otros de mayor utilidad para la ciudadanía.

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