Nota de prensa

El Consell adapta la normativa de la Administración electrónica de la Comunitat Valenciana al nuevo paradigma digital

29/12/2017

El pleno del Consell ha aprobado la modificación parcial del decreto 220/2014, del 12 de diciembre, sobre el reglamento de la Administración electrónica de la Comunitat Valenciana.

La reforma pretende adaptar la normativa de la Generalitat a la exigencia del nuevo paradigma digital en el que las relaciones con la Administración están siempre apoyadas en los medios electrónicos.

Con el objetivo de lograr la plena transformación digital de la Administración electrónica, la Generalitat será la responsable de coordinar los procesos de cambio y conseguir que todo ello esté integrado en una planificación de medios económicos, personales y materiales para atender a los fines de la transformación.

En este mismo sentido, el Consell aprobó en la reunión del 1 de abril de 2016 el Plan de Transformación Digital de la Generalitat como principal línea de actuación para la adaptación de los servicios, aplicaciones informáticas y del personal con el fin de facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus derechos y obligaciones.

Adaptación de la normativa

La nueva redacción permite la adecuación a la Ley 39/2015 del 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece la separación entre identificación y firma electrónica y la simplificación de los medios para acreditar una u otra, de modo que solo será necesaria la primera y se exigirá la segunda cuando deba acreditarse la voluntad y consentimiento del interesado.

Por otra parte, en cuanto a la autorización de las actuaciones administrativas automatizadas, integrada en el artículo 80 del Decreto 220/2014, se amplía su regulación para que se efectúe por resolución del órgano o conselleria responsable del procedimiento.

Por último, el reto de la transformación digital exige que se amplíe el objeto del informe de la Administración electrónica que regula el artículo 94 del Decreto 220/2014 y que emite el centro directivo responsable de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Su modificación tiene como finalidad englobar la ordenación, la coordinación y la planificación de las consecuencias informáticas derivadas de los proyectos normativos y actos administrativos con repercusiones en su ámbito de competencias.